Los fondos europeos, una oportunidad única para digitalizar la Justicia
La pandemia ha agudizado la necesidad de implantar soluciones tecnológicas que aceleren la transformación digital de la Justicia. La crisis nos ha mostrado que la transformación no es algo deseable, sino completamente necesario. La llegada de los fondos europeos plantea importantes oportunidades.
La llegada de los fondos de recuperación europeos plantea grandes oportunidades para impulsar la transformación digital en sectores como la justicia.
El webinar Aprovechar los fondos de recuperación en la Administración de Justicia con tecnologías que necesita para un uso efectivo y real, organizado por IDG Communications en colaboración con T-Systems, ha ahondado en la forma de trasladar las principales necesidades a proyectos tangibles y viables que ayuden a modernizarlo, a digitalizarlo y a hacerlo más ágil, accesible y eficiente.
Y lo ha hecho además de la mano de primeros espadas bien conocedores del sector que conocen de primera mano la problemática. Así, la sesión ha contado con Mercé Sola, juez decana de Barcelona; Natxo Fargas, coordinador TIC de Modernización de la Administración de Justicia del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y Juan Altés, responsable del vertical de Justicia en la compañía T-Systems. Los analistas de IDG Research, Alberto Bellé y Fernando Maldonado, han aportado la visión analítica del mercado.
“En España, las diferentes administraciones de Justicia evolucionan tecnológicamente a diferente velocidad”, ha notado en su intervención Maldonado, aunque hay unos retos comunes a todas ellas. Primero, el expediente electrónico no está todavía implementado en la práctica por diversos motivos: la implementación es compleja porque intervienen muchos actores con diferentes destrezas y hábitos digitales. Además, es habitual que en algún punto se opte por trabajar en papel, lo que rompe la cadena digital.
Por otro lado, el uso de diferentes sistemas por parte de las administraciones dificulta la interoperabilidad y la posibilidad de que hablen entre sí. “Los actos jurídicos a lo largo de la vida de una persona pueden tener lugar en diferentes comunidades autónomas, pero es complicado tener una visión unificada de los mismos”, ha ejemplificado el analista. Por último, y con la convivencia del trabajo presencial y el remoto, hay una falta de definición de la actividad híbrida.
El grueso de la sesión ha girado en torno a estas problemáticas, que han sido abordadas desde la perspectiva del proveedor, del implementador y del usuario
Si bien todos los participantes han coincidido en el análisis, algunas voces, como la de Juan Altés, han añadido alguno más, como la falta de estandarización de los sistemas de Gestión Procesal y sobre todo la necesidad de un acompañamiento continuo del usuario, clave para implementar una tecnología útil y, por ende, eficiente. “Tiene que haber una cobertura que permita decirle a alguien qué hacer y cómo hacerlo con garantías y con una gobernanza que permita que sea posible, que todos trabajen cómodamente”, ha declarado.
Para Natxo Fargas, el principal reto que tienen en Cataluña en cuanto a la implementación del expediente judicial electrónico es abordar su implementación real en el ámbito penal, por sus características singulares. “Hablamos de juzgados de instrucción, de violencia de género, de menores, juzgados penales, secciones penales de las audiencias, etc. Es decir, es un bloque que por sí solo supone el 52% de toda la actividad judicial”, ha dicho. Además, tiene una característica distinta; el tránsito de expediente es continuo, hay cambios de estado y mucha iteración. La implementación real del expediente judicial electrónico en cuanto a la tecnología es, por tanto, “una prueba de fuego”, más que un reto.
“La pandemia ha dejado en evidencia nuestra situación”, ha dicho Mercé Sola. “Lo primero a lo que tuvimos que enfrentarnos era a una situación absolutamente desigual, no sólo entre diferentes partidos judiciales o comunidades autónomas, sino también entre diferentes jurisdicciones”, ha explicado. Había algunas que podían seguir trabajando con el expediente electrónico y otras que trabajaban aún en presencial.
Otro de los retos que ha querido destacar la jueza ha sido el de la resistencia a la adopción de nuevas tecnologías por parte de los actores del sector de justicia. “Todas las tecnologías, todos los medios, son sistemas que nos deben permitir que nuestro trabajo sea más fácil y no más difícil. En la medida que el cambio tecnológico no se percibe como algo que aporta ventajas y que facilita mi trabajo, se producen las resistencias. Y es que mi función es dictar sentencia, resolver el asunto y responder al ciudadano”, ha defendido.
La sesión ha profundizado en la forma de adaptar la tecnología a estas necesidades. Los participantes han coincidido que es, además, el momento de hacerlo, ahora que llegará “una lluvia de dinero” desde Europa.
